Poder Judicial archivó proceso penal contra exministro de Salud, Víctor Zamora, por su gestión durante la pandemia de la COVID-19
El Poder Judicial archivó el proceso penal seguido al exministro de Salud, Víctor Zamora, por su gestión durante la pandemia de la COVID-19 en el gobierno del expresidente Martin Vizcarra.
El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, adoptó esta medida al declarar “fundado” el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el último 11 de junio, para que se declare el “sobreseimiento” o archivo del proceso penal seguido al extitular de Salud por el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales en agravio del Estado, a raíz de este caso.
Mediante una resolución emitida el último 20 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que en este caso concurren los presupuestos del artículo 344° numeral 2, literal “D” del Código Procesal Penal para declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento respecto de los dos hechos que se le atribuyen a Zamora en este proceso penal.
Bajo ese criterio, Checkley Soria declaró “infundada” la oposición que presentó la Procuraduría Pública asignada al caso respecto a este requerimiento fiscal de sobreseimiento con el fin de que sea remitido a la Fiscalía Suprema que corresponda para que lo rectifique y ordene formular requerimiento acusatorio en este caso.
No obstante, el magistrado dejó a salvo el derecho de la Procuraduría asignada al caso para hacer valer su pretensión civil o requerimiento de reparación civil de 200 000 soles a favor del Estado peruano conforme a ley, la misma que deberá ejercerse de acuerdo con las reglas procesales vigentes y a la jurisprudencia aplicable.
La entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó una investigación preparatoria sobre este caso en atención a una resolución legislativa del Congreso de la República del 13 de diciembre del 2024, a través del cual el pleno del Poder Legislativo aprobó el informe final de la denuncia constitucional que se presentó contra el extitular de Salud del gobierno del expresidente Martin Vizcarra.
La representación nacional también dispuso la inhabilitación de Víctor Zamora por 10 años para el ejercicio de la función pública, por infracción a la Constitución Política.
Según la tesis fiscal que se emitió en función a lo aprobado por el Poder Legislativo, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud, Víctor Zamora habría adquirido pruebas rápidas y no pruebas moleculares, lo cual provocó la ruptura del cerco epidemiológico de aislamiento declarado a causa de la pandemia por la COVID-19 y además habría demorado en emitir una disposición (decreto supremo), para el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %, situación que, de haberse emitido con anterioridad, habría permitido que más personas enfermas accedan a este oxígeno medicinal.
El juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, adoptó esta medida al declarar “fundado” el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, el último 11 de junio, para que se declare el “sobreseimiento” o archivo del proceso penal seguido al extitular de Salud por el presunto delito de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales en agravio del Estado, a raíz de este caso.
Mediante una resolución emitida el último 20 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que en este caso concurren los presupuestos del artículo 344° numeral 2, literal “D” del Código Procesal Penal para declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento respecto de los dos hechos que se le atribuyen a Zamora en este proceso penal.
Bajo ese criterio, Checkley Soria declaró “infundada” la oposición que presentó la Procuraduría Pública asignada al caso respecto a este requerimiento fiscal de sobreseimiento con el fin de que sea remitido a la Fiscalía Suprema que corresponda para que lo rectifique y ordene formular requerimiento acusatorio en este caso.
No obstante, el magistrado dejó a salvo el derecho de la Procuraduría asignada al caso para hacer valer su pretensión civil o requerimiento de reparación civil de 200 000 soles a favor del Estado peruano conforme a ley, la misma que deberá ejercerse de acuerdo con las reglas procesales vigentes y a la jurisprudencia aplicable.
La entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, formalizó una investigación preparatoria sobre este caso en atención a una resolución legislativa del Congreso de la República del 13 de diciembre del 2024, a través del cual el pleno del Poder Legislativo aprobó el informe final de la denuncia constitucional que se presentó contra el extitular de Salud del gobierno del expresidente Martin Vizcarra.
La representación nacional también dispuso la inhabilitación de Víctor Zamora por 10 años para el ejercicio de la función pública, por infracción a la Constitución Política.
Según la tesis fiscal que se emitió en función a lo aprobado por el Poder Legislativo, durante su gestión al frente del Ministerio de Salud, Víctor Zamora habría adquirido pruebas rápidas y no pruebas moleculares, lo cual provocó la ruptura del cerco epidemiológico de aislamiento declarado a causa de la pandemia por la COVID-19 y además habría demorado en emitir una disposición (decreto supremo), para el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93 %, situación que, de haberse emitido con anterioridad, habría permitido que más personas enfermas accedan a este oxígeno medicinal.
