Cancillería: Informe del grupo de la ONU que pide la liberación de Castillo "no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia internacional"
El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el reciente informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas referente a la situación legal del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
En un comunicado, aclaró la naturaleza jurídica de dicho reporte, explicando que este grupo es un "mecanismo de supervisión no jurisdiccional" integrado por profesionales independientes.
Según la Cancillería, el objetivo principal de las opiniones de dicho grupo de trabajo es fomentar el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
En ese sentido, precisó que las opiniones de los expertos de la ONU "no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional".
"No constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes", remarcó.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo, tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fue "arbitraria" y careció de base legal, al considerar que vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En el documento, los expertos de la ONU instaron al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación del exmandatario Pedro Castillo "sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes".
"El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", se lee en el reporte.
En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó a Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el intento de golpe de Estado.
En un comunicado, aclaró la naturaleza jurídica de dicho reporte, explicando que este grupo es un "mecanismo de supervisión no jurisdiccional" integrado por profesionales independientes.
Según la Cancillería, el objetivo principal de las opiniones de dicho grupo de trabajo es fomentar el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
En ese sentido, precisó que las opiniones de los expertos de la ONU "no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional".
"No constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno y, por tanto, no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes", remarcó.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la detención del expresidente Pedro Castillo, tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, fue "arbitraria" y careció de base legal, al considerar que vulneró el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En el documento, los expertos de la ONU instaron al Estado peruano a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación del exmandatario Pedro Castillo "sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes".
"El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", se lee en el reporte.
En noviembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Poder Judicial condenó a Pedro Castillo Terrones a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el intento de golpe de Estado.
